Panamá no ha implementado ninguna iniciativa para prevenir el conflicto de interés ni ha establecido mecanismos para hacer efectivo su cumplimiento.

A esta conclusión llegó la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional (TI), representada por Angélica Maytín y Carlos Gasnell, en la reunión del comité de expertos del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción, celebrada ayer en la Organización de Estados Americanos (OEA), en Washington, Estados Unidos.

En su intervención, Maytín afirmó que el tema del conflicto de interés sigue sin normarse y con

Maytín expresó que no hay un estudio realizado por el Estado sobre los casos de conflictos de interés, el cual permita establecer mecanismos de evaluación sobre el tema.

Destacó que el Código de Ética de Panamá requiere de mejoras, ya que es poco lo que se refiere al tema de conflicto de interés, por lo que se dan situaciones que avalan malas prácticas en los gobiernos.

De acuerdo con estudios realizados por la fundación, el Código de Ética requiere de normas que permitan una aplicación más eficiente, por ejemplo, en el caso de conflicto de interés solo se indica que hay que evitarlo, pero no se propone ninguna medida concreta.

Explicó que se encuestó a 50 funcionarios de 34 instituciones y la mayoría indicó desconocer el mencionada documento. Además, se detectó que se trabaja más con los reglamentos internos que con el código, agregó.

DECLARACIÓN DE BIENES

En lo relacionado con la declaración de ingresos y bienes patrimoniales de los servidores públicos, la fundación panameña informó que la Contraloría impuso que se le retenga el salario al funcionario que incumpla con la presentación de su declaración patrimonial a principios de su gestión.

También sostuvo que no se cumple con la multa a aquellos funcionarios que, finalizada su gestión, no presentan su declaración de bienes debido a la falta de reglamentación.

ACCESO A LA INFORMACIÓN

Sobre la transparencia y el acceso a la información de carácter público y la obligación de informar por parte del Estado y la rendición de cuentas, Maytín indicó que las instituciones adoptaron el código uniforme de ética de los servidores públicos.

No obstante, aclaró que hay instituciones que tienen su propio código de ética “laxo”, como la Asamblea Nacional, que no tiene ninguna sanción para aquel diputado que no se presente a laborar.

“El Código de Ética de la Asamblea Nacional es sumamente lapso, pero hay organizaciones como la Autoridad del Canal de Panamá que sí tienen un Código de Ética más riguroso”, expresó.

BENZADÓN DEFIENDE AL GOBIERNO

Por su parte Abigaíl Benzadón, directora de la Autoridad de Transparencia y Acceso a la Información (que también se encontraba en la sesión), salió al paso del informe y aseguró sentirse sorprendida de que no se reconozca el trabajo que realizan en materia de lucha contra la corrupción.

“Es notorio y muy público que Panamá tiene una academia contra la corrupción que dicta cursos a funcionarios sobre temas relativos, como la corrupción, la transparencia y el conflicto de interés”, sostuvo.

Esta fue su reacción luego que el informe indicara que las autoridades no han diseñado un mecanismo que permita difundir y capacitar a los servidores públicos en normas de conducta, incluyendo el conflicto de interés.