El “gol” de los diputados oficialistas para reducir el plazo de prescripción de los delitos de corrupción, incluido en una reforma al Código Procesal Penal aprobada por la Asamblea Nacional en segundo debate, se suma a los muchos obstáculos que enfrentan la investigación, procesamiento y sanción de los actos de esa índole.

Así lo advierte un informe de la Alianza Ciudadana pro Justicia, en el que se destaca que, lejos de avanzar en esta lucha, el Gobierno ha retrocedido en esta materia durante los últimos tres años.

Como principal impedimento, el documento cita la exigencia generalizada de la prueba sumaria, pese a que el Código Penal limita ese requerimiento a los casos de abusos de autoridad.

En tal sentido, resalta la interpretación dada por la Corte Suprema de Justicia a la Ley 59 de 1999 sobre las declaraciones patrimoniales, que impide al Ministerio Público actuar en procesos de enriquecimiento injustificado sin tener un informe de auditoría de la Contraloría General de la República, entidad que, a su vez, no actúa de oficio sin la prueba sumaria.

La inclusión de un artículo que modifica el Código Procesal Penal para reducir los plazos de prescripción en los delitos contra la administración pública, generó ayer fricciones y opiniones encontradas entre los diputados de Cambio Democrático (CD), provocando que se suspendiera la sesión en el pleno legislativo.

La propuesta hecha el pasado martes por los diputados de CD Sergio Gálvez, Abraham Martínez, Carlos Afú hijo, y Francisco Alemán, del Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (Molirena), y que nada tenía que ver con el proyecto 523 que establece el método para aplicar la extradición de ciudadanos extranjeros, no es respaldada por todos los diputados oficialistas.

Uno de ellos es el diputado José Muñoz, quien aseguró que cuando se trata de corrupción, estos temas deben discutirse y “no presentarse como a escondidas”. “Yo no estoy de acuerdo con la discusión de un proyecto de esta forma”, sostuvo Muñoz.