La Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) aprobó en mayo pasado el estudio de impacto ambiental (EIA) para que la empresa familiar del presidente de la República, Ricardo Martinelli, construya una planta de etanol, producto que es de obligatorio consumo en el combustible que se vende en Panamá.
La Anam aprobó el EIA a la Central Azucarero La Victoria, S.A., que opera en La Raya de Santa María –en Santiago de Veraguas– en la que hasta 2007 figuró en su junta directiva el presidente Martinelli. Hoy día, esta empresa la lidera su hermano Mario Martinelli y otros familiares cercanos.
Silvano Vergara, administrador de la Anam, confirmó la aprobación del EIA. Se trata de un estudio categoría II, que ingresó en febrero pasado a la entidad, y que le dará luz verde a una inversión de 28 millones de dólares por parte del
Ingenio La Victoria para vender etanol –como aditivo de combustible– a un mercado de consumidores que está asegurado por ley.
LA RAZÓN DEL NEGOCIO
El sustento de la evaluación fue la Ley 42 de abril de 2011, aprobada por esta administración, que hizo “obligatorio” mezclar bioetanol como aditivo a la gasolina. A partir de septiembre de 2013 se comenzó a añadir a la gasolina de venta en la provincia de Panamá 2% de etanol, y a partir de abril pasado subió a 5% en todo el país.
La mezcla se incrementará hasta alcanzar el 10% en 2016 –justo cuando estaría en operación la nueva planta de etanol en Central Azucarero La Victoria, S.A.–, aunque la ley prevé que podría ser aumentada aún más por la Secretaría de Energía.
La legislación vigente también establece que se puede ampliar la lista de productos derivados del petróleo a los que se les deberá adicionar la mezcla de bioetanol.
“El Gobierno de Panamá ha creado la Ley No. 42 del 20 de abril de 2011, por el cual se establecen los lineamientos para la política nacional sobre biocombustibles ... política que aporta a la búsqueda mundial de soluciones para disminuir la dependencia del petróleo como combustible...”, dice el primer párrafo del resumen ejecutivo del EIA.
Seguidamente agrega que “Central Azucarero La Victoria S. A., considerando las anteriores políticas gubernamentales y dado que existe potencial agrícola en la zona para cultivos de caña de azúcar, además de contar con la capacidad instalada para el procesamiento de la caña requerida..., la gerencia del Central Azucarero La Victoria ve una oportunidad de desarrollo y se propone adelantar el proyecto de producción de alcohol carburante para el mercado interno”.
Ingenio La Victoria cuenta con 7 mil 500 hectáreas de cultivo de caña para producir azúcar y miel final. Esta melaza sería la materia prima para el bioetanol, a través de la fermentación.
La planta se desarrollará en un lote baldío, a un costado del ingenio, que actualmente funciona como depósito del equipo agrícola.
El proyecto se sometió a la evaluación, “considerando que es un proyecto de interés nacional, por el impacto positivo que generará en nuestro país”, dice el EIA.
Se trata de un documento de 14 capítulos que expone impactos mínimos por ser un sitio intervenido en los últimos 30 años en agricultura.
Su consulta ciudadana se basó en 30 encuestas de siete preguntas, ninguna con cédula que identifique a los entrevistados, en la que los moradores expusieron su esperanza de ser contratados.
VOCES A FAVOR
El primero en defender el uso de etanol como aditivo de la gasolina fue el propio Martinelli. Pero el uso obligatorio de etanol no se dio por razones ecológicas o ahorros en el precio del combustible. La ley, dice su texto, se creó explícitamente para generar empleos y desarrollo rural.
Pero Martinelli, contrario a lo que dice la ley, argumentó beneficios económicos y ecológicos para el país.
No obstante, al saberse que la empresa de su familia construiría la nueva planta de etanol –con un mercado garantizado por una ley que promovió el propio Presidente y su Gabinete– el gobernante hizo una defensa basada en el texto de la ley.
“Ojalá siembren más caña, ojalá salgan muchas cosas más, porque esto lo único que da es trabajo, que queda aquí en Panamá. Que todo el mundo se meta en el etanol”, dijo, aunque nada comentó del hecho de que, en el caso de su empresa, se trata de una inversión que a su familia le costará –como ya se mencionó– 28 millones de dólares.
Pero Martinelli no está solo en su discurso. El ministro de Comercio e Industrias, Ricardo Quijano, por ejemplo, defendió la inversión en la nueva planta. Para él no hay conflicto de interés: el Presidente –dijo– tiene “derecho, como comerciante, a poner plata en la inversión donde le dé la gana”.
VOCES EN CONTRA
Pero no todos comparten la amplia visión de Quijano. La organización Consumo Ético dijo que “la medida fue con el fin de generar un negocio en el que él [Martinelli] tiene una participación”. El Órgano Ejecutivo “le sirve [al gobernante] de agencia para promocionar su negocio”, se queja la organización. Además, la ley no benefició a los consumidores porque encareció la gasolina, concluyó.
Otros grupos de consumidores indican que si el etanol no abarata el precio, no tiene sentido obligar su uso.
POLÉMICA
Aunque es una tendencia mundial usar etanol mezclado con combustible para reducir la emisión de dióxido de carbono y la dependencia al petróleo, la polémica surge por obligar su consumo cuando en otros países es opcional su uso.
Brasil, pionero en la industria a base de la caña de azúcar, estableció su uso obligatorio, lo que también se practica en 10 estados de Estados Unidos que lo producen del maíz.
En cambio, en otras naciones, como Nueva Zelanda, Finlandia y Dinamarca, el consumidor decide si le conviene comprar la gasolina con el aditivo (ver tabla).
En Australia, los automovilistas compran gasolina con etanol a un precio menor que otras para motivar su uso.
¿FÓRMULA MÁGICA?
Actualmente, solo Campos de Pesé, del grupo Alcoholes del Istmo S.A., de capital local y nicaragüense, produce alcohol anhidro o etanol. Esta empresa pactó con el Gobierno un precio fijo de 1.21 dólar el litro, valor que se revisará anualmente.
Esto equivale a 4.58 dólares el galón, más del doble del precio en el mercado internacional. Por ejemplo, el etanol se vende a 2.15 dólares el galón, según la bolsa de Chicago.
“Un hecho cierto es que consideramos que los precios no son los más bajos de la región, por ser una industria incipiente” y sin la fortaleza de otros países, que producen etanol hace más de una década, respondió a La Prensa la Secretaría Nacional de Energía (SNE).
Los nuevos actores del negocio, como Central Azucarero La Victoria ingresarían bajo las normas y valores actualmente establecidos.
Pero, ¿por qué la gasolina con etanol es más costosa? Esta es la interrogante de muchos. Según la SNE, una vez se define el precio de los combustibles –cada 14 días con base a la fórmula de paridad– el etanol reemplaza el 5% de este cálculo final.
Aunque la SNE niegue que se esté subsidiando este producto, distribuidores aseguran que, por galón de combustible, deben pagar 0.60 centésimos al Estado por impuesto al consumo, pero por la gasolina con etanol, el Estado recibe tres centésimos menos, 0.57 centésimos, antes de sacar el producto de la aduana.
Contrario a lo que ha dicho la SNE, en entrevistas anteriores Vicente Prescott, secretario de Energía, admitió que las empresas que decidan producir etanol gozarán de un determinado número de subsidios, porque es la única forma de promover el desarrollo de los combustibles alternativos.
Algo similar dijo Quijano: “Voy a ayudar a la industria nacional para que se desarrolle; los gringos subsidian el maíz; nosotros vamos a subsidiar el azúcar también”.
BLINDAJE Y BENEFICIOS
Al margen de los subsidios a la materia prima del etanol, la Ley 42 creó múltiples incentivos fiscales para este negocio y declaró de “interés nacional” la producción e industrialización de biocombustibles con materia prima nacional.
La ley, por ejemplo, exonera a los productores de etanol del pago del impuesto de importación para maquinarias, plantas de producción e insumos, impuesto de transferencia de bienes corporales muebles, impuesto de prestación de servicios, el impuesto sobre la renta, pago de licencia industrial, así como otros impuestos, tasas municipales, avisos de operación, por 10 años, desde la entrada de la operación de la planta, entre otros beneficios.
Curiosamente, se exceptúa de los incentivos a quienes produzcan, distribuyan y comercialicen alcohol para fabricar licores, justamente el negocio de la familia del vicepresidente Juan Carlos Varela.
También se excluyó a los comerciantes de alcohol para productos medicinales o industriales.
El presidente Martinelli compró este ingenio el último día de 1998, en una controvertida licitación declarada desierta en el gobierno del presidente Ernesto Pérez Balladares, a un precio considerado insignificante, por 10.5 millones de dólares, lo que fue una de las privatizaciones más complicadas.
Mientras tanto, algunas cosas han ocurrido que han pasado inadvertidas y que se relacionan con el nuevo negocio de la familia Martinelli.
Por ejemplo, el año pasado, la Autoridad Nacional de Titulación de Tierras (Anati) le adjudicó 15 hectáreas colindantes con las tierras de este ingenio, a un precio que no ha sido revelado.
Por otro lado, el año pasado se creó el arancel de importación para el etanol, de 3.78 dólares el galón, con el fin de “proteger la incipiente industria”, indicó la SNE.
Central Azucarero La Victoria, S.A. recuperaría su inversión de 28 millones de dólares en un término relativamente corto, considerando que el pasado mes de abril se distribuyó poco más de un millón de litros de etanol, vendido al precio pactado de 1.21 el litro, lo cual sumaría 1.3 millón de dólares, que extrapolado a un año, es un ingreso de aproximadamente 15 millones de dólares para la empresa Campos de Pesé.
En 2016, cuando operaría la planta de La Victoria, la mezcla de etanol sería el doble: 10%, fijado por ley y el consumo de la gasolina mezclada con etanol se incrementará por el sostenido crecimiento del parque automovilístico.

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