Las empresas de distribución eléctrica Ensa, Edemet y Edechi solicitaron al Gobierno que se les reconozcan los sobrecostos de compra de potencia y energía que han tenido que enfrentar durante los últimos meses en que el país ha estado sumido en una crisis energética.

La petición fue planteada por las distribuidoras en los comentarios entregados a la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (Asep) durante una audiencia pública para modificar el título IV del reglamento de comercialización de energía.

Esta audiencia, que es requerida dentro de los pasos exigidos por la ley para cambiar las reglas de mercado, se desarrolló por la Asep del 6 al 23 de mayo pasado.

La modificación a la norma fue solicitada por las empresas de distribución eléctrica para replantear la fórmula de cálculo del costo permitido de generación, ya que tal cual están las reglas actuales, las distribuidoras deben cargar con el mayor porcentaje de los cargos adicionales.

Las distribuidoras hicieron referencia al costo de la energía que se ha tenido que comprar durante la presente crisis y que en un alto porcentaje proviene de las plantas térmicas.

También mencionan los efectos causados por la falta de capacidad en la línea de transmisión y que escapa de sus responsabilidades.

En particular, Ensa, que cubre el sector este de la ciudad capital, Colón, Darién y la comarca Guna Yala, planteó que los sobrecostos han tenido mayor impacto en el primer semestre de 2014, por lo que solicita que el reconocimiento se haga efectivo desde enero de 2014.

Por ejemplo, menciona que hasta abril pasado la empresa acumuló sobrecostos por $22.9 millones en la compra de energía y se espera que al mes de junio aumente a $41.7 millones.

Edemet, de Gas Natural Fenosa, que cubre el servicio de energía en Panamá oeste y centro del país, también propuso que se reconozcan los sobrecostos y otros que afectan a las empresas distribuidoras por restricciones del mercado.

Igual planteamientos se hace en el comentario de Edechi, que también forma parte de Gas Natural, aunque ninguna de las dos empresas menciona - como sí lo hizo Ensa- el monto de las pérdidas en millones de dólares por sobrecostos.

Pese a que la audiencia es un paso del trámite que se debe seguir para reformar la legislación, se desconoce si los puntos planteados por las distribuidoras serán reconocidos por la entidad reguladora.

De ser así surge la interrogante si estos sobrecargos los cubrirá el Gobierno a través del mecanismo de subsidio o los terminará cargando el consumidor con el ajuste de la nueva tarifa que regirá a partir del 1 de julio.

A la Asep le tocará emitir una resolución en la que deberá definir si acepta o no los argumentos de las distribuidoras respecto a sus supuestos sobrecostos, relacionados a la falta de planificación en la política energética del país.

Panamá utilizó en 2013 toda su generación hídrica, decisión altamente riesgosa con un verano prolongado.

De acuerdo con el reporte diario de generación del Centro Nacional de Despacho (CND), en el verano del año pasado hubo un uso acelerado de los embalses de Bayano y Fortuna, mientras las plantas térmicas se mantenían detenidas.

La visión de la administración de Ricardo Martinelli fue apostar a la generación hidroeléctrica con el afán de reducir el costo de la tarifa, pero el resultado fue nefasto: se gastó el agua de los embalses sin que bajara el costo de la energía.

En paralelo, se siguieron postergando las inversiones en la tercera línea de transmisión capaz de transportar la energía que se produce en Chiriquí y Bocas del Toro y que viaja a la ciudad capital, principal centro de consumo del país.

SALIENDO AL PASO

Durante los últimos seis meses, presionado por la sequía que enfrenta el país y los daños en algunas generadoras térmicas, el Gobierno ha aprobado casi $500 millones en diferentes contratos para reforzar el plantel de generación.

El Gabinete autorizó a la estatal Empresa de Generación Eléctrica, S.A. (Egesa) contratar los servicios de generación térmica que proveerá AES Panamá a través de la barcaza que se instalará en Colón. El contrato es por $151 millones y la planta de 72 megavatios de capacidad operará con bunker.

El gasto se subvencionará con el presupuesto estatal, alimentado con los impuestos que pagan todos los panameños.

En diciembre de 2013, la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (Etesa) adjudicó a Aggreko un contrato por $14.4 millones en alquiler de motores con capacidad para generar 80 megavatios por un periodo de seis meses a partir de abril de 2014.

Y por el retraso de la construcción de la tercera línea de transmisión, el Gabinete aprobó una partida de $122 millones para pagar a las generadoras AES Panamá y Enel Fortuna por las posibles pérdidas que puedan tener hasta 2016.

Los sobrecostos que ahora alegan las distribuidoras se suman a la lista de efectos colaterales de la falta de planificación.

El nivel de los principales embalses que se utilizan para generar energía hídrica no ha variado significativamente a pesar de las lluvias que han caído en los últimos días.

En el caso de Fortuna, la medición del día de ayer reflejó que el embalse tenía mil 025 metros sobre el nivel del mar (msnm), una ganancia de un metro en comparación con el viernes pasado. Fortuna puede operar con un límite mínimo de mil metros, lo que significa que en estos momentos el embalse está apenas 25 metros por encima de su nivel crítico.

Bayano y Changuinola I no registraron cambios desde el pasado fin de semana y ayer operaron con tres metros por encima de la línea permitida para generar energía: 53.2 msnm y 153.9 msnm, respectivamente.

De acuerdo con el Centro Nacional de Despacho, el domingo Fortuna y Bayano no fueron utilizadas para reservar el agua almacenada.

La Secretaría de Energía ha señalado que las medidas de ahorro energéticas implementadas a partir del 17 de marzo son de carácter indefinido.

Los pronósticos indican que para lo que resta de 2014 los embalses no alcanzarán los niveles óptimos para almacenar el agua que se necesita.

Ante la escasez de lluvia, las centrales termoeléctricas están aportando cerca del 55% de la energía, mientras que el parque eólico en la provincia de Coclé genera el 3% de la demanda.

Alex E. Hernández