El magistrado de la Corte Suprema de Justicia José Ayú Prado (juez garante) ordenó este martes, 24 de julio, la suspensión del cargo de la Defensora del Pueblo, Patria Portugal e impedimento de salida del país, previa autorización judicial. A Patria Portugal se le imputaron cargos por peculado.Ayú Prado otorgó un plazo de dos meses al Ministerio Público para que adelante una investigación en su contra.
En la audiencia de hoy, la procuradora general de la Nación, Ana Belfon, también solicitó la prohibición de visitas de Portugal a las oficinas de la Defensoría. Sin embargo, Ayú Prado rechazó esta última medida.
Portugal apeló la decisión del juez de garantías. No obstante, la misma se le concedió, en efecto diferido, es decir, se mantienen ambas suspensiones.
Portugal, llegó a las 11:22 a.m. de este miércoles a la Corte Suprema de Justicia. Esto, luego de que la procuradora Belfon pidiera una audiencia al magistrado Ayú Prado.
La petición de la audiencia se dio después de que Belfon revisara la contratación que la Defensoría del Pueblo hizo en marzo de 2012 por $250 mil a la empresa Imaginarium Studio, S.A. para una consultoría de cambio de imagen que incluyó el desarrollo de una página web.
Además, Belfon desarrolla a la par otra investigación por el contrato que otorgó Portugal en agosto de 2012 a En Avant, S.A. por $200 mil para una consultoría con el fin de mejorar la atención al cliente en la institución.
SOCIEDAD CIVIL: EXISTE DEMORA EN CASO PORTUGAL
Ante las críticas por los supuestos sobrecostos en contratos y los lujos por parte de la defensora del Pueblo, miembros de la sociedad civil aseguraron que ya la Asamblea Nacional debió tomar una decisión respecto a este caso.
“Hace una semana se debió tomar una decisión. Lo primero que se debió hacer fue separar a la Defensora del cargo y eso no se ha hecho”, expresó Fernando Díaz, integrante de la Alianza Pro Ciudad.
Según Díaz, las investigaciones se debieron iniciar con Portugal, siendo ya separada del cargo”. Esto, debido a que ya no cuenta con la “confianza” de la ciudadanía para seguir ejerciendo dicho puesto.
“Ha faltado presión ciudadana, ante lo que evidentemente es un pésimo manejo de los recurso del Estado y que genera mucha suspicacia sobre los destinatarios de las contrataciones con costos sumamente elevados”, acotó.
Pero no es solo Díaz quien considera que el proceso se ha demorado. Carlos Lee, de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, manifestó que la Asamblea Nacional ha utilizado como pretexto que las comisiones no han sido instaladas, para que el caso de Portugal se retrase.
“La Asamblea es un organismo que se debe a la opinión de los ciudadanos. La lentitud refleja un desprecio de los ciudadanos que esperan que los diputados tomen una decisión”, puntualizó.
Otro que expresó su descontento fue el expresidente del Colegio Nacional de Abogados, Rubén Elías Rodríguez, quien indicó que “se han tardado… hace rato se debió sacar a Portugal”. Agregó que la Asamblea Nacional sigue haciéndole daño a su credibilidad. Y es que, según Rodríguez, hay suficiente evidencia para que ya se hubiese tomado una decisión en torno al caso de la Defensoría del Pueblo.
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