Los contribuyentes esperan que la creación de la Autoridad Nacional de Ingresos (ANIP) represente una mejora en la atención que reciben por parte de las autoridades en el cobro y devolución de impuestos.
La ley nombra por siete años en el poder al administrador –que debe ser escogido por el Ejecutivo
y ratificado por la Asamblea–, le concede un salario de al menos $10 mil al mes y reestructura la entidad, pero no se introducen políticas para garantizar derechos de los contribuyentes, como han señalado gremios empresariales y diputados opositores.
“Lo que no queremos es que el sistema vaya en detrimento de los derechos de los contribuyentes. El sistema debe ser más ágil que ahora, sobre todo con los reclamos en la devolución de los créditos fiscales, y para resolver problemas en estados de cuenta”, dijo ayer Irvin Halman, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura.
El presupuesto de la ANIP será equivalente a un 1% de la recaudación tributaria del año anterior. Teniendo en cuenta que el Estado ingresó $4,700 millones en impuestos el año pasado, el primer presupuesto de la entidad sería de $47 millones, el triple de la dotación actual de la Dirección General de Ingresos (DGI).
Con los recursos adicionales “hay una expectativa sobre el servicio que esperamos los contribuyentes”, indicó Halman.
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