Una docena de cancilleres ha confirmado su asistencia a la Asamblea General extraordinaria sobre la Comisión Interamericana de Derechos (CIDH), cuya financiación se ha convertido en objeto de debate debido, principalmente, a una serie de iniciativas lideradas por Ecuador y seguidas por Venezuela, Bolivia y Nicaragua.
El Consejo Permanente de la OEA debatió el martes sin llegar a un consenso el borrador de resolución elaborado por un grupo de trabajo para la reunión, y decidió finalmente elevarlo a la Asamblea General para que sean los cancilleres quienes decidan. Ese borrador "toma nota" de la reforma de su propio reglamento que la CIDH aprobó el lunes pasado, y que entrará en vigor el próximo 1 de agosto, lo que otorgaría un respaldo explícito de los Estados a ese trabajo de la Comisión como órgano autónomo.
No obstante, un grupo de países liderado por Ecuador ha abierto un nuevo debate, centrado fundamentalmente en cómo financiar la Comisión y sus ocho relatorías, centradas en colectivos específicos.
Ecuador defiende que la CIDH se financie únicamente por el presupuesto regular de la OEA y contribuciones voluntarias de los Estados miembros, lo que elimina la posibilidad de que busque fondos fuera de ese esquema, por ejemplo en la Unión Europea (UE), que financia hoy una buena parte de las actividades de la Comisión.
El borrador de resolución que estudiarán los cancilleres se compromete a "lograr el pleno financiamiento del SIDH (Sistema Interamericano de Derechos Humanos) a través del presupuesto regular de la OEA", como solicita desde hace años la Comisión.
Sin embargo, matiza que, "mientras se alcanza un compromiso", se "invita a los estados miembros, a los estados observadores y a otras instituciones a que continúen realizando contribuciones voluntarias (...), y preferentemente sin fines específicos".
Ecuador, Venezuela, Bolivia y Nicaragua han pedido eliminar la palabra "preferentemente" de la resolución, por considerar que cualquier fondo otorgado a un proyecto concreto, como los que financian la Relatoría de la Libertad de Expresión, puede esconder fines políticos.
Otra de las ideas que debatirán los cancilleres es la de convertir todas las relatorías de la CIDH en especiales, es decir, otorgarles el mismo rango que la de Libertad de Expresión y encargarlas a una persona a tiempo completo, aunque esto estaría condicionado a que se aumenten las aportaciones de los Estados.
Fuera de este proceso, aunque susceptible de entrar en el debate, queda la propuesta de Ecuador de cambiar la sede de la CIDH de Washington a un país latinoamericano, con el argumento de que Estados Unidos no ha ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José, el fundamento del SIDH.
De llamar alguno de los cancilleres a votación, la eventual resolución debería aprobarse por una mayoría simple de 18 votos, un esquema en el que es clave la posibilidad, aún no determinada, de que los países caribeños emitan sus catorce votos en bloque.
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