La disputa por las vallas publicitarias en las calles y carreteras de Panamá no ha hecho sino comenzar.

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) está acelerando los trámites para remover con personal propio las estructuras que se encuentren en la servidumbre pública, incumpliendo la Resolución AL-002-11 del pasado 5 de enero, que obliga a todas las empresas que tengan vallas en la servidumbre a removerlas.

La norma concedía 15 días para retirar las estructuras ubicadas en las carreteras que se están ampliando actualmente: el Boulevard de Soná, en Veraguas; la vía de la Amistad y la autopista Arraiján-La Chorrera, en Panamá; la carretera David-Boquete, en Chiriquí; la carretera Divisa-Chitré, en Herrera; y La Villa-Las Tablas, en Los Santos.

El plazo concedido por la resolución ya venció y todavía hay vallas en las servidumbres de las carreteras. “No solo causan un peligro para los conductores, sino que están obstaculizando los trabajos de ampliación, dijo Mitsila Espino, secretaria ejecutiva del MOP.

La funcionaria dijo que mantendría reuniones con alcaldes y corregidores de las zonas afectadas, que deben estar anuentes del procedimiento.

La remoción misma de las estructuras la harían funcionarios del MOP o empresas contratadas para tal fin.

Mientras tanto, los empresarios del gremio de las vallas, agrupados en la Unión Panameña de Publicidad Exterior (Uppex), han interpuesto dos amparos de garantías constitucionales contra la resolución del MOP. Su argumento es que la Ley 11 de 2006, en la que se amparó el MOP para ordenar que se retiren las vallas, no faculta a la entidad para proceder a su remoción.

Fuentes del Órgano Judicial informaron que uno de los amparos había sido admitido en el despacho del magistrado Víctor Leonel Benavides, lo que podría significar la suspensión provisional de la orden.

Espino dijo que el MOP no ha sido notificado formalmente de la suspensión de la resolución y que por lo tanto proseguirían con sus planes.

El ministro de Obras Públicas, Federico José Suárez, dijo que ya existía un fallo de la Corte Suprema sobre la materia. Consideró, además, que la ciudadanía está de acuerdo con que se reduzca la contaminación visual en las carreteras de Panamá.

Además, de en el campo legal, las partes están haciendo lobby para defender sus argumentos.

Pedro Campagnani, presidente de la Uppex, dijo que se estaban presentando ante los consejos municipales de cada distrito del país su propuesta de ley para regular la actividad, que daría a los municipios la capacidad de conceder permisos a las empresas.

Según el empresario, los funcionarios se están dando cuenta de que abrir un hueco grande a los presupuestos de los municipios es grave, además que les están impidiendo subir los impuestos.

Por su parte, el MOP está trabajando en una campaña publicitaria contra la contaminación visual, que se emitiría en los medios nacionales y sería costeada con fondos del erario.